En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emite actos administrativos que determinan obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. Sin embargo, surge un conflicto jurídico recurrente cuando la entidad pretende iniciar el cobro coactivo o decretar medidas cautelares (como el embargo de cuentas bancarias) sobre deudas que están siendo discutidas en sede judicial.
Para delimitar con precisión el alcance del poder de cobro del Estado, la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN emitió el Oficio No. 100208192 – 510 del 14 de abril de 2026. En este pronunciamiento técnico, la entidad ratifica los límites insalvables que impone la falta de fuerza ejecutoria de los títulos ejecutivos cuando se encuentran demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El principio fundamental: La fuerza ejecutoria en materia tributaria
De manera general, las decisiones de la administración pública gozan de presunción de legalidad y son obligatorias. No obstante, el Estatuto Tributario prevé una regla especial y preferente en su artículo 829, la cual regula el momento exacto en el que un acto administrativo de contenido tributario adquiere «fuerza ejecutoria» (es decir, cuando se hace exigible y permite el cobro forzoso).
El Oficio de la DIAN, respaldado por una sólida y reiterada jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, resalta dos momentos esenciales donde la fuerza ejecutoria se encuentra afectada o suspendida:
- Durante el plazo para demandar: Una vez notificado el acto administrativo que resuelve el último recurso en la vía gubernativa, empieza a correr el término legal para acudir ante los jueces. Durante este lapso de tiempo, la obligación contenida en el acto no es actualmente exigible y la DIAN tiene prohibido iniciar el proceso de cobro.
- Con la presentación de la demanda: Si el contribuyente interpone la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que constituyen el título valor, la ejecutoria del acto administrativo se afecta de forma inmediata y automática bajo los parámetros del numeral 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario. Esta suspensión de la exigibilidad se mantiene «hasta tanto se notifique la decisión judicial definitiva».
¿Puede la DIAN aplicar medidas cautelares si el acto está demandado?
La respuesta de la doctrina oficial es un rotundo no. Al no gozar el título de fuerza ejecutoria por haber sido demandado o por estar dentro del término legal para su impugnación, la Administración no está habilitada para adelantar la actuación coactiva ni para adoptar medidas cautelares preliminares.
Cualquier embargo de cuentas bancarias, retención, inscripción de la demanda o secuestro de bienes que se decrete bajo estas condiciones carece de sustento legal, al violar el debido proceso y la exigibilidad del título ejecutivo.
Adicionalmente, el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario contempla una excepción contra el mandamiento de pago denominada precisamente «interposición de la demanda». Este es el medio exceptivo idóneo para detener de manera definitiva el cobro si la DIAN, erróneamente, inicia un cobro coactivo cuando la obligación ya ha sido llevada ante los tribunales jurisdiccionales.
Caso Práctico Hipotético: El caso de una empresa con liquidación oficial
Para ilustrar este escenario, imaginemos una constructora en Bogotá que es notificada de una Liquidación Oficial de Revisión por parte de la DIAN, la cual aumenta su impuesto sobre la renta. La empresa interpone el respectivo recurso de reconsideración y la DIAN lo confirma mediante resolución en marzo de 2026.
- Fase 1 (Plazo para demandar): El abogado tributarista de la empresa dispone de un término legal para radicar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo. Durante este tiempo, aunque el recurso ya fue resuelto por la DIAN, la entidad no puede congelar las cuentas de la constructora porque el título aún no tiene fuerza ejecutoria.
- Fase 2 (Demanda presentada): El abogado radica la demanda formalmente antes de que venza el término. A partir de ese momento, la fuerza ejecutoria del cobro queda suspendida provisionalmente por ministerio de la ley.
- Desenlace: Si la Subdirección de Cobranzas de la DIAN librara un mandamiento de pago e iniciara embargos en este punto, la constructora podría defenderse formulando la excepción de «interposición de la demanda» del artículo 831, obligando al levantamiento inmediato de las medidas cautelares.
Tabla de Estados del Acto Administrativo y Viabilidad de Cobro:
| Estado del Acto Administrativo | ¿Tiene Fuerza Ejecutoria? | ¿La DIAN puede iniciar cobro coactivo? | ¿Es viable decretar embargos? |
| Recurso de vía gubernativa en trámite | No | No | No |
| Recurso resuelto (corriendo término para demandar) | No (afectada) | No | No |
| Demanda judicial admitida / en trámite | No (suspendida) | No | No |
| Sentencia judicial definitiva ejecutoriada (favorable a DIAN) | Sí | Sí | Sí |
Referencias Oficiales:
- Doctrina: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – Oficio No. 100208192 – 510 del 14 de abril de 2026.
- Normas Clave: Artículos 823, 828, 829, 831 (numeral 5) y 837 del Estatuto Tributario colombiano.
- Jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Cuarta (Sentencia del 6 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-27-000-2017-00026-00 (23198), C.P. Milton Chaves García).
Límites al cobro coactivo de la DIAN y conclusiones clave
La emisión del Oficio No. 100208192 – 510 de 2026 representa una garantía crucial de seguridad jurídica para los contribuyentes en Colombia. La misma Subdirección de Normativa y Doctrina remitió este pronunciamiento a la Dirección de Gestión de Impuestos y a la Subdirección de Cobranzas de la DIAN con el fin de revisar, ajustar y actualizar los manuales y directrices de cobro coactivo en las Direcciones Seccionales del país.
El mensaje para los contribuyentes y asesores legales es claro: la defensa técnica no culmina en la vía gubernativa ante la DIAN. La oportuna y estratégica interposición de los medios de control judicial actúa como un escudo legal infranqueable que protege el patrimonio y la liquidez de las organizaciones contra cobros coactivos prematuros y medidas cautelares ilegítimas antes de que un juez de la República dicte la última palabra.