El nombramiento de un revisor fiscal en las entidades públicas siempre ha sido un terreno de intensos debates jurídicos en Colombia. Por décadas, muchas Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) se eximieron de esta obligación bajo el argumento de estar sujetas exclusivamente al control fiscal de la Contraloría General de la República. Sin embargo, el panorama normativo cambió radicalmente.
A través del Concepto 100208192-1072 del 17 de julio de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aclaró la pérdida de vigencia material de la doctrina histórica que exoneraba a estas empresas. Este nuevo pronunciamiento no solo redefine la fiscalización de las EICE, sino que impacta directamente la validez de sus declaraciones tributarias ante el Estado.
La pérdida de vigencia del Oficio 089285 de 1998
Durante más de 25 años, el Oficio 089285 de 1998 fue la principal defensa de las EICE para evitar la contratación de un revisor fiscal. Dicha doctrina se sustentaba en un concepto del Consejo de Estado que señalaba que, al ser entidades públicas directas y estar bajo la lupa de la Contraloría (según la Ley 42 de 1993), la figura de la revisoría fiscal no tenía cabida.
No obstante, la DIAN ha determinado que este fundamento legal fue completamente derogado por el artículo 166 del Decreto 403 de 2020, el cual reorganizó el sistema de control fiscal en Colombia. Al desaparecer el sustento normativo, el Oficio de 1998 ha quedado sin vigencia material, por lo que ya no puede ser invocado como doctrina oficial para excluir de manera general esta obligación.
El régimen de derecho privado y la competencia comercial
El argumento de que las EICE están excluidas de la revisoría fiscal por el simple hecho de ser públicas ha sido ampliamente superado. La Ley 489 de 1998 (artículos 85 y 93) estableció con claridad que las EICE desarrollan actividades comerciales e industriales bajo las reglas del derecho privado.
Posteriormente, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 determinó que cuando estas entidades compiten directamente en el mercado con el sector privado o público, nacional o internacional, deben someterse a las disposiciones legales y mercantiles de su actividad económica. En consonancia, la Corte Constitucional, en su Sentencia C-691 de 2007, ratificó que el precepto de libre competencia obliga a dar un tratamiento equitativo e igualitario en la imposición de límites y obligaciones tanto a las empresas particulares como a las del Estado.
Criterio del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)
Al no ser competencia directa de la DIAN definir qué entidades deben nombrar revisor fiscal, la entidad tributaria acogió en pleno la doctrina del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). En sus conceptos más recientes (Concepto 2022-0404, 2024-0066 y 2024-0230), el CTCP concluyó de forma categórica:
«Las EICE que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional, se regirán por la ley mercantil contenida en el Código de Comercio. En este sentido, deben tener un revisor fiscal si cumplen los requisitos correspondientes».
¿Cuándo está obligada una EICE a tener Revisor Fiscal?
La obligación definitiva para una Empresa Industrial y Comercial del Estado no se deriva de su naturaleza pública, sino del cumplimiento de los topes comerciales fijados por la ley colombiana. De acuerdo con la DIAN y el CTCP, las EICE deben nombrar revisor fiscal cuando cumplan con las condiciones del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990.
Requisitos comerciales de la Ley 43 de 1990
Una EICE estará obligada de forma vinculante a tener revisor fiscal si al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sus condiciones financieras reflejan lo siguiente:
- Que sus activos brutos sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
- Que sus ingresos brutos durante el año anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Caso Hipotético:
Imaginemos una EICE encargada de la distribución de licores en un departamento que compite directamente con distribuidores privados. Si al cierre del año fiscal sus activos superan los 5.000 SMMLV, la entidad tendrá la obligación perentoria de nombrar un revisor fiscal para el periodo siguiente. De lo contrario, sus declaraciones tributarias podrían ser catalogadas como no presentadas de conformidad con el literal d) del artículo 580 del Estatuto Tributario.
Tabla Resumen: Control Fiscal vs. Revisoría Fiscal en EICE
| Criterio | Control Fiscal (Contraloría) | Revisoría Fiscal (Contador Público) |
| Origen | Constitucional (Vigilancia de recursos públicos). | Comercial / Mercantil (Ley 43 de 1990 y Código de Comercio). |
| Enfoque | Posterior y selectivo sobre la gestión fiscal. | Integral (Financiero, legal, institucional y de resultados). |
| Aplicación | Obligatorio para todas las entidades del Estado. | Obligatorio si se actúa en competencia y se cumplen los topes de SMMLV. |
Conclusiones: Impacto en el Estatuto Tributario y Validez de las Declaraciones
El acatamiento de esta directriz por parte de las EICE no es un asunto meramente administrativo. El Concepto de la DIAN recuerda explícitamente que los efectos de omitir la firma del revisor fiscal están regulados por el artículo 580 del Estatuto Tributario.
De acuerdo con el literal d) del artículo 580 del Estatuto Tributario, la omisión de la firma del revisor fiscal, estando obligado a tenerlo, causará que la declaración tributaria se tenga por no presentada. Esto acarrearía costosas sanciones por extemporaneidad e intereses moratorios para la empresa estatal, afectando el patrimonio público. Por lo tanto, las gerencias de las EICE en Colombia que operen bajo condiciones de competencia deben evaluar de inmediato sus estados financieros y asegurar el debido nombramiento de su revisoría fiscal.