El régimen sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) suele generar múltiples interrogantes entre los contribuyentes colombianos. Uno de los temas más consultados por empresarios, contadores y abogados es la aplicación práctica del principio de proporcionalidad y gradualidad en las penalizaciones fiscales. Específicamente, existe un debate recurrente sobre las condiciones fijadas en la norma para acceder a los beneficios de rebaja de sanciones de hasta el 50% o 75%.
A través del Oficio 100208192-1030 del 9 de julio de 2025, la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN emitió un pronunciamiento definitivo. En este concepto se aclara una duda fundamental: ¿las condiciones de los literales a) y b) de los numerales 1 y 2 del artículo 640 del Estatuto Tributario operan de manera autónoma o dependen necesariamente una de la otra?
A continuación, analizaremos detalladamente este concepto jurídico para que conozca el alcance real de este beneficio fiscal y evite errores costosos en sus declaraciones.
Las dos condiciones ineludibles del Artículo 640 del Estatuto Tributario
El artículo 640 del Estatuto Tributario establece una estructura de gradualidad que permite a los declarantes, agentes retenedores y responsables liquidar de manera reducida sus sanciones administrativamente. Dependiendo de la oportunidad en que se subsane la falta, la reducción puede ser del 50% (numeral 1) o del 75% (numeral 2).
No obstante, para acceder a cualquiera de estas dos reducciones, la ley impone textualmente dos condiciones rigurosas:
- Condición Temporal de No Reincidencia (Literal a): Exige que, dentro de los 2 años anteriores (para la reducción del 50%) o 1 año anterior (para la reducción del 75%) a la fecha de la comisión de la conducta sancionable, el contribuyente no hubiere cometido la misma infracción.
- Condición de Ausencia de Actos Administrativos (Literal b): Exige que la Administración Tributaria no haya proferido y notificado un pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento para declarar, según corresponda a la etapa del proceso.
Mientras que el literal a) mide el comportamiento histórico del contribuyente respecto a sus obligaciones sustanciales y formales, el literal b) castiga la inacción, puesto que premia la corrección voluntaria antes de que el Estado despliegue su aparato de fiscalización.
El peso de la conjunción «y»: ¿Requisitos autónomos o concurrentes?
La principal controversia jurídica que resolvió la DIAN radicaba en si un contribuyente podía alegar el cumplimiento de una sola de las condiciones para beneficiarse de la tarifa reducida. La respuesta técnica de la autoridad doctrinaria se fundamentó en el análisis gramatical y semántico de la norma.
Al listar las condiciones, el legislador empleó de forma clara la conjunción copulativa «y». En el derecho tributario, el uso de este conector descarta de manera tajante cualquier alternativa o exclusión. Por lo tanto, no basta con demostrar que se cuenta con un historial limpio en los últimos años si la entidad ya ha iniciado formalmente un proceso de fiscalización notificando un requerimiento.
Conclusión Doctrinaria de la DIAN: Sin duda alguna, es un requisito ineludible el cumplimiento concurrente y simultáneo de las dos condiciones. Si bien la verificación de cada literal se realiza de manera independiente, ambos deben coexistir en el momento de la liquidación de la sanción. El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos bloquea de forma inmediata la posibilidad de aplicar el beneficio de reducción.
Caso Hipotético: La aplicación práctica de la gradualidad sancionatoria
Para comprender este escenario sin caer en confusiones técnicas, analicemos la situación bajo un caso práctico del día a día empresarial:
Imaginemos que una compañía colombiana descubre que cometió un error en su declaración tributaria y debe liquidar una sanción por corrección. Al revisar su historial fiscal, el contador de la empresa constata que durante los últimos tres años la sociedad ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, por lo que cumple perfectamente con el criterio de no reincidencia del literal a).
Sin embargo, al verificar el buzón electrónico, se evidencia que la DIAN ya le notificó de manera formal un Requerimiento Especial relacionado con dicha inconsistencia.
¿Podría la empresa reducir su sanción bajo el artículo 640 alegando que jamás había cometido esa infracción en el pasado? No. Aunque cumple de forma autónoma con el literal a), el hecho de tener un requerimiento especial proferido por la administración incumple el literal b). Como los requisitos deben ser concurrentes, la empresa pierde la facultad de liquidar la sanción con el descuento del 50% o 75%, debiendo pagar la tarifa plena determinada por la ley.
Tabla comparativa de las reducciones sancionatorias de la DIAN
A continuación, se sintetiza cómo opera la concurrencia de factores según la etapa en la que se encuentre el obligado fiscal:
| Tipo de Reducción | Requisito de Temporalidad (Literal a) | Requisito de Acto Administrativo (Literal b) | Concurrencia Obligatoria |
| Reducción del 50% | No haber cometido la misma conducta en los 2 años anteriores. | Que no se haya proferido pliego de cargos, requerimiento o emplazamiento. | Sí. Si falta un requisito, se pierde el beneficio. |
| Reducción del 75% | No haber cometido la misma conducta en el 1 año anterior. | Que no se haya proferido pliego de cargos, requerimiento o emplazamiento. | Sí. Ambos literales deben coexistir positivamente. |
El impacto en las solicitudes de devolución de saldos a favor
Un aspecto final e importante que recuerda el concepto de la DIAN se vincula con el artículo 850 del Estatuto Tributario. Cuando un contribuyente comete un error, liquida erróneamente una sanción plena sin percatarse de que cumplía simultáneamente con los literales a) y b) del artículo 640, genera un pago en exceso o un pago de lo no debido.
Bajo estos escenarios, el contribuyente tiene el derecho legítimo de exigir la devolución de dichas sumas de dinero ante la DIAN. No obstante, se debe tener extremo cuidado con los tiempos legales: esta acción debe solicitarse rigurosamente dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva estipulado en el artículo 2536 del Código Civil, el cual corresponde a 5 años. Adicionalmente, el trámite debe agotar el procedimiento y las exigencias formales de los artículos 1.6.1.21.1 al 1.6.1.21.23 del Decreto 1625 de 2016.
Consideraciones finales sobre el principio de gradualidad tributaria
La correcta interpretación del régimen sancionatorio de la DIAN es vital para la salud financiera y jurídica de cualquier organización en Colombia. Las normas que otorgan beneficios o rebajas fiscales son de interpretación restrictiva y exigen un blindaje procedimental absoluto.
Tenga presente que la figura de la gradualidad busca premiar a los contribuyentes de buena fe que no reinciden y que, además, subsanan de manera voluntaria y preferente sus obligaciones antes de la intervención coercitiva de las autoridades. Monitorear constantemente el buzón de notificaciones de la DIAN y llevar una trazabilidad rigurosa de las sanciones aplicadas en los años anteriores son las mejores prácticas corporativas para aprovechar legalmente los beneficios de reducción y salvaguardar los recursos de su empresa.
Referencias Oficiales del Gobierno Colombiano:
- Normativa del Congreso de la República: Artículos 640 y 850 del Estatuto Tributario Colombiano.
- Doctrina Oficial de la DIAN: Oficio No. 100208192-1030 del 9 de julio de 2025 emitido por la Subdirección de Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica.