El impago o la falta de consignación de los valores recaudados por concepto de Impuesto sobre las Ventas (IVA) o retenciones en la fuente es uno de los dolores de cabeza más grandes para los empresarios en Colombia. Esta conducta no solo acarrea sanciones administrativas y de cobro coactivo, sino que activa directamente la órbita del derecho punitivo del Estado.
Sin embargo, determinar con precisión las reglas del juego en el ámbito penal —como el tiempo que tiene el Estado para perseguir al infractor— no siempre es tarea de la autoridad tributaria. A través del Concepto 14942 del 21 de junio de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dejó en claro cuáles son sus estrictos límites doctrinales cuando se aborda el fenómeno de la prescripción de la acción penal en el delito de omisión de agente retenedor o recaudador.
El origen de la discusión: ¿Cuánto tarda en prescribir este delito tributario?
La controversia que dio origen a este pronunciamiento de la DIAN radicaba en la impugnación de un concepto previo (el Oficio 010660 del 7 de mayo de 2019). En dicho borrador oficial, la entidad había hecho un cálculo en abstracto señalando que, al ser la pena máxima de 108 meses (9 años), ese era exactamente el término de prescripción del punible conforme al artículo 83 del Código Penal.
No obstante, la solicitud de revocatoria interpuesta por un contribuyente advirtió que la DIAN estaba ignorando el principio de favorabilidad y las sucesivas modificaciones legislativas de la Ley 599 de 2000 (Código Penal):
- Leyes 890 de 2004 y 1111 de 2006: En sus términos vigentes para ciertas épocas, elevaban el término máximo de prescripción a 12 años.
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): Al modificar el artículo 83 y adicionar el parágrafo sexto, el término de prescripción general de la acción penal para conductas que afecten el patrimonio del Estado ascendía a 13.5 años.
Este panorama normativo evidenció que calcular la prescripción penal no es un ejercicio matemático plano, sino un análisis complejo que depende de la fecha exacta de la comisión de la conducta y la favorabilidad de la ley penal.
El Módulo de Competencia: ¿Por qué la DIAN no puede definir la prescripción penal?
Ante los argumentos técnicos de derecho penal expuestos por el peticionario, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN aplicó un freno de mano institucional. Basada en el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, la entidad recordó que sus facultades para fijar criterios de unidad doctrinal se restringen estrictamente a:
- La administración de los impuestos de renta y complementarios.
- El Impuesto sobre las Ventas (IVA) y el Impuesto de Timbre Nacional.
- Los demás impuestos internos del orden nacional y la gestión aduanera o cambiaria.
El término de prescripción de una conducta punible obedece a la interpretación de normas sustantivas de carácter penal, una materia completamente ajena a las funciones doctrinales de la DIAN.
En consecuencia, el Concepto 14942 de 2019 revocó el oficio anterior y confirmó que la DIAN carece de competencia legal para pronunciarse sobre la vigencia temporal de las acciones penales.
La Fiscalía General de la Nación como titular de la acción
Al apartarse del debate penal, la DIAN reiteró el mandato constitucional del artículo 250 de la Carta Política: la Fiscalía General de la Nación es la única entidad titular del ejercicio de la acción penal y la encargada de investigar los hechos que revistan características de un delito.
Por esta razón, la cuestión de fondo sobre los 9, 12 o 13.5 años de prescripción por omitir el IVA o la retención fue trasladada formalmente a la Fiscalía mediante el Oficio 100208221-001558 para que sea este organismo (y eventualmente los jueces de la República) quien determine la caducidad de la persecución penal en cada caso concreto.
Ejemplo Práctico / Caso Hipotético:
Pensemos en el representante legal de una constructora que, debido a una crisis financiera en el año 2015, declaró pero no consignó las retenciones en la fuente de sus empleados. En el año 2026, la DIAN intenta promover un impulso procesal en su contra.
Si el procesado acude ante la DIAN buscando una circular u oficio que certifique que su delito ya prescribió a los 9 años, no la encontrará. El investigado deberá proponer la excepción de prescripción directamente ante el fiscal del caso o el juez de control de garantías, dado que, tal como lo indica el Concepto 14942 de 2019, la DIAN no tiene la facultad legal de declarar extinta una responsabilidad penal ni de interpretar el Código Penal a favor o en contra del contribuyente.
Resumen de Criterios y Distribución de Competencias
| Aspecto Analizado | Postura Doctrinaria (DIAN) | Autoridad Competente | Fundamento Legal |
| Recaudo e Impuestos | Administrar, fiscalizar y emitir doctrina conceptual sobre IVA, Renta y Timbre. | DIAN | Art. 19 Decreto 4048 de 2008 |
| Término de Prescripción Penal | Incompetencia absoluta por tratarse de normas sustantivas penales. | Fiscalía / Jueces Penales | Art. 250 Constitución Política |
| Línea de Tiempo del Delito | Variable ($9$, $12$ o $13.5$ años) según fecha de hechos y favorabilidad. | Operador Judicial del caso | Ley 599 de 2000 / Ley 1474 de 2011 |
Referencias:
- Fuente Oficial: Compilación Jurídica de la UAE-DIAN, Concepto 14942 de 2019.
- Fuente Oficial: Portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – normograma.dian.gov.co.
Conclusión: Consecuencias para los responsables del Delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador El panorama que dibuja el Concepto 14942 de 2019 es de vital importancia para la estrategia de defensa de cualquier contribuyente. Deja claro que las interpretaciones iniciales de la DIAN en materia criminal no constituyen una última palabra ni son vinculantes en los estrados judiciales penales. Frente al delito de omisión de agente retenedor o recaudador, los implicados no deben confiarse de los conceptos fiscales administrativos, sino evaluar minuciosamente su situación cronológica bajo el crisol del Código Penal y las pautas que la Fiscalía General de la Nación determine. La favorabilidad y la correcta tasación de los términos de prescripción siguen siendo una herramienta exclusiva de los jueces, salvaguardando el debido proceso frente a la inactividad del aparato perseguidor del Estado.